Esta Ley tiene como principal objetivo que el Estado provincial pueda dar respuesta rápida a problemas urgentes y terminar con los extensos plazos con los que actualmente se desarrollan los procesos de licitación. La declaratoria de emergencia permite evitar algunos de los procedimientos habituales que, más allá de estar justificados en cualquier contratación pública, suelen extender el inicio de una contratación.

Según se detalla en el texto de la Ley, la emergencia en Infraestructura es urgente y provisoria (en principio por un año que comenzará a regir desde la fecha  de su aprobación, con la opción de prorrogarla por igual periodo una vez cumplido el plazo) hasta tanto se pueda avanzar con una modificación de la Ley de Obra Pública que permita acortar a entre 3 y 4 meses los procesos de licitación.

Con la emergencia aprobada, el pase de los expedientes por los organismos de asesoramiento y control (Asesoría, Contaduría y Fiscalía) se realizarán después de las contrataciones, permitiendo acortar todos los tiempos administrativos para iniciar las obras  fundamentales que el Ministerio planificó para el segundo semestre del año. 

Además, la presente normativa  fija un plazo de  sesenta días para que el Poder Ejecutivo presente un plan de obras que contenga los objetivos, la individualización de las obras a ejecutar, la cuantificación de la inversión necesaria para su realización, y el plazo de ejecución de cada una.  El mismo será evaluado y monitoreado por una Comisión Bicameral de seguimiento, fiscalización y control para la emergencia en materia de infraestructura, hábitat y servicios públicos, creada a tal efecto en la Legislatura bonaerense. La misma estará integrada por tres (3) Diputados y tres (3) Senadores designados por los presidentes de las respectivas Cámaras, debiendo contemplarse la participación de las minorías.